España arriesga perder más de 20.000 millones de fondos europeos Next Generation
España enfrenta el riesgo de devolver a Bruselas más de 20.000 millones de euros de los fondos Next Generation debido a la baja ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En febrero de 2026, las convocatorias resueltas apenas alcanzaron 482 millones de euros, muy por debajo de la media mensual de 1.200 millones registrada en los seis meses anteriores. El Gobierno dispone de solo seis meses para adjudicar cerca de 27.944 millones de euros antes de la fecha límite del 31 de agosto.

España enfrenta el riesgo de perder más de 20.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation ante la acelerada desaceleración en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según la última actualización de la herramienta Elisa del Ministerio de Economía, publicada por el portal Invertia, el volumen de convocatorias resueltas en febrero de 2026 alcanzó apenas 482 millones de euros, cifra muy inferior a la media mensual de los últimos seis meses, situada en torno a los 1.200 millones.
Fuentes conocedoras del proceso admiten que el ritmo actual hace «prácticamente imposible» cumplir con los plazos establecidos. El Gobierno dispone de seis meses para adjudicar cerca de 27.944 millones de euros pendientes antes de la fecha límite del 31 de agosto, tras la cual los fondos no ejecutados deberán devolverse a Bruselas. Para alcanzar ese objetivo, el Ejecutivo debería adjudicar unos 4.657 millones al mes, lo que equivale a multiplicar por diez el volumen registrado en febrero, un reto que, según distintas fuentes, «no tiene precedentes en la ejecución administrativa reciente».
Desde el inicio del plan en 2021 hasta el 28 de febrero, España ha adjudicado 65.872 millones de euros, apenas 482 millones más que el dato registrado a 31 de enero. Aunque existen 93.816 millones en convocatorias abiertas, solo el 70,2% está resuelto. Este avance mínimo confirma la desaceleración y alimenta las previsiones más pesimistas sobre la capacidad del Ejecutivo para cumplir con Bruselas.
Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado revelan que en 2025 solo se ejecutaron pagos por 6.641 millones de euros, el 18,9% del total presupuestado, lo que convierte ese ejercicio en el peor desde el inicio del programa. La tendencia descendente es sostenida: del 45% ejecutado en 2021 se ha pasado a cifras inferiores al 30% en los años posteriores, agravando el margen disponible para recuperar el ritmo.
La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado durante tres años consecutivos ha provocado que los fondos no ejecutados se acumulen, incrementando la presión sobre ejercicios posteriores. Con ese marco, los expertos citados en el material coinciden en un diagnóstico contundente: «España no llegará a tiempo». La combinación de lentitud administrativa, baja ejecución y plazos inminentes sitúa al país ante lo que distintas fuentes describen como un fracaso en la gestión de los fondos europeos sin precedentes.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España fue aprobado en 2021 en el marco del programa europeo Next Generation EU, concebido para impulsar la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19. Desde su inicio, la ejecución ha mostrado una tendencia decreciente, pasando del 45% en 2021 a cifras inferiores al 30% en años posteriores. La ausencia de presupuestos propios durante tres ejercicios consecutivos, por la prórroga de los Generales del Estado, ha dificultado la planificación y acelerado la acumulación de fondos sin adjudicar.
Los fondos Next Generation fueron diseñados para modernizar las economías europeas tras la pandemia y representan para España una oportunidad histórica de financiar la transición digital y ecológica. La eventual devolución de más de 20.000 millones a Bruselas tendría un impacto directo sobre la inversión pública y la credibilidad institucional del país ante la Unión Europea. El caso español podría además condicionar futuros mecanismos de financiación comunitaria para el conjunto de los Estados miembros.
Fuente: La Gaceta
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