Varias comunidades del PP recurrirán ante el Supremo la regularización de migrantes de Sánchez

Varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular anunciaron el martes 14 de abril su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la medida de regularización de migrantes promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre las administraciones que tomarán esta acción se encuentran los ejecutivos autonómicos de Madrid y Baleares, que además pedirán la suspensión cautelar de la medida mientras se resuelve el recurso.

Las comunidades del PP que se sumarán al recurso señalaron, según la información disponible, que su principal preocupación es el impacto que dicha regularización podría tener sobre los servicios públicos de sus territorios. No hay confirmación oficial sobre el número exacto de comunidades autónomas que finalmente presentarán el recurso ante el alto tribunal.

La medida del Gobierno central enfrenta así una oposición institucional articulada desde los principales ejecutivos regionales del principal partido de la oposición. La vía elegida por Madrid y Baleares, la suspensión cautelar, busca paralizar la aplicación de la regularización antes de que entre en vigor de forma definitiva, mientras el Supremo estudia el fondo del asunto.

El anuncio de los recursos autonómicos se produce en un contexto de tensión política entre el Gobierno de Sánchez y las administraciones del PP en torno a la política migratoria, un ámbito en el que las competencias están distribuidas entre el Estado y las comunidades autónomas, particularmente en lo que respecta a la acogida y a la prestación de servicios sociales, sanitarios y educativos.

No hay confirmación oficial sobre el contenido exacto de la regularización anunciada por el Ejecutivo ni sobre el calendario previsto para su implementación. La noticia fue difundida por Europa Press el 14 de abril de 2026, en referencia a declaraciones producidas en el marco de actos del Partido Popular.

La política migratoria ha sido uno de los principales ejes de confrontación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo durante la presente legislatura. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han reclamado en reiteradas ocasiones mayor participación en las decisiones sobre acogida de migrantes y una distribución más equitativa de los recursos destinados a su atención.