Regularización migrantes España: plazo hasta 30 de junio

El Gobierno español aprobará este martes en el Consejo de Ministros el real decreto que activa el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, una medida pactada entre el PSOE y Podemos e impulsada por el movimiento Regularización Ya. El decreto, al que ha tenido acceso el diario Público, introduce dos nuevas vías de arraigo extraordinario en el reglamento de extranjería y fija el 30 de junio como fecha límite para la presentación de solicitudes, un plazo que el Ejecutivo ha decidido no ampliar pese a semanas de presión por parte de organizaciones sociales y colectivos de apoyo a personas migrantes.

La primera vía está dirigida a solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes del 1 de enero de 2026 y que aún no hayan recibido una resolución. Para acceder a ella, deberán acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada en el país. Según el decreto, estos solicitantes tendrán que desistir de la protección internacional una vez obtenido el permiso de residencia, y no en el momento de presentar la solicitud, lo que supone un cambio respecto a borradores anteriores. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) había criticado que versiones previas del texto forzaban a los solicitantes a elegir entre derechos, al obligarles a renunciar al asilo —una garantía frente a la persecución— para poder acceder a la regularización.

La segunda vía, denominada arraigo extraordinario, está abierta a personas que se encontraban en España al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026, independientemente de si solicitaron asilo. Podrán acogerse a ella quienes acrediten vínculos laborales o intención de trabajar, quienes convivan con familiares dependientes, menores o ascendientes de primer grado, o quienes puedan demostrar una situación de vulnerabilidad, en definitiva, quienes demuestren un arraigo efectivo en el país. Distintos colectivos habían señalado que el proceso puede afectar a cientos de miles de personas y que, en muchos casos, requiere documentación que debe solicitarse en embajadas o administraciones del país de origen, organismos que no siempre responden con la misma rapidez.

Una de las novedades centrales del decreto es que, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, la persona quedará autorizada a residir o trabajar, tanto por cuenta ajena como propia. Con ello, el Gobierno busca evitar que la espera administrativa empuje a los solicitantes a trabajar en la economía sumergida, una demanda histórica de los colectivos de migrantes. Las solicitudes podrán presentarse a partir del 16 de abril de forma online y desde el 20 de forma presencial.

Entre los requisitos para acceder al proceso figura la acreditación de ausencia de antecedentes penales, condición que se endurece tras las observaciones del Consejo de Estado. El Ministerio de Presidencia reclamará directamente esos informes por vía diplomática si el solicitante no los consigue en un mes; si transcurren tres meses sin respuesta, se concederá un margen adicional de 15 días para que el interesado lo intente de nuevo. El documento aclara, no obstante, que la existencia de antecedentes no implicará automáticamente la denegación de la autorización: la administración evaluará cada caso de forma individual.

Contexto:

España había llevado a cabo procesos de regularización masiva de migrantes con anterioridad; el más reciente de alcance comparable data de 2005. La iniciativa actual fue pactada en el marco del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos y recibió el impulso del movimiento ciudadano Regularización Ya. El decreto fue sometido a consulta del Consejo de Estado, cuyas observaciones endurecieron el requisito relativo a los antecedentes penales respecto a los borradores previos.